Hoy en día, el derecho a una vivienda digna es considerado como un elemento esencial del concepto de hábitat y, además, como un requisito indispensable en la lucha contra la pobreza. Esto ha contribuido sin duda a la constitucionalización de este derecho por parte de algunos Estados y Colombia no ha sido indiferente ante esta tendencia; es así como el derecho a una vivienda digna alcanzó el status de derecho fundamental.

Nuestro ordenamiento jurídico ha asignado un papel protagónico a los municipios en la promoción, protección y garantía del derecho a una vivienda digna. Sin embargo, para que este derecho realmente se materialice en prestaciones concretas a favor de los más pobres es necesario que el Estado (tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales) diseñe políticas públicas eficaces en materia de vivienda; que el Congreso de la República al legislar proteja este derecho; que se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de dichas políticas y de los mandatos legislativos; y que se garantice judicialmente la titularidad y el goce efectivo de este derecho.

Además, El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar del lugar fundamental que ocupa este derecho en el sistema jurídico mundial, el número de personas que no cuentan con una vivienda adecuada excede holgadamente los 1.000 millones. Millones de personas en todo el mundo viven en condiciones peligrosas para la vida o la salud, hacinadas en tugurios y asentamientos improvisados, o en otras condiciones que no respetan sus derechos humanos ni su dignidad. Millones de personas más sufren todos los años desalojos forzosos o son amenazadas con desalojos forzosos de sus hogares.